¡Que se vayan todos!

Revista Letra&Clase. Concepción, 18 de noviembre de 2019

Nuestro país ha alcanzado un mes de rebelión popular, en el que las mayorías sociales de trabajadores y estudiantes han desatado toda la indignación acumulada, sin partidos ni dirigentes, en un solo chorro de fuerza social contenida. Es “el despertar de Chile”.
En menos de treinta días, Piñera hizo uso de todos los medios, pasando también por métodos dictatoriales como la imposición de un Estado de sitio de forma ilegal en el ordenamiento de la propia Constitución pinochetista, y el uso del terrorismo de Estado. Fracasó en todas.
Si persistiera en el cometido de acabar la rebelión por la sola violencia, a Piñera sólo le resta usar el golpe de Estado. Pero, ¿cuántos debe asesinar, cuántos límites debe transgredir, cuánto más debe destruir frente a una comunidad internacional que ya lo ha condenado, a la luz de sus violaciones a los derechos humanos? Además, el viejo y absolutista reinado de la prensa se halla atado de manos, criticado y aborrecido hasta su práctica anulación. Por contraparte, se alza un pueblo del siglo XXI que domina las redes virtuales de comunicación. Piñera se encuentra solo.
La revuelta social se ha convertido en un levantamiento que busca objetivos concretos y claros: Fuera Piñera y Asamblea Constituyente, en tanto la vía de mayor democracia para sustituir el régimen de explotación neoliberal.
Ante el volcamiento seguro de todo el cuadro político, ante la potencial incapacidad para controlar el país por parte de las instituciones del Estado y de sus colaboradoras no gubernamentales, los partidos del orden se abocaron a conseguir un acuerdo. Con el pesar de la derecha pinochetista, partidaria del aplastamiento violento del levantamiento social, y cuyas concesiones obligan a los herederos directos del régimen aceptar la pérdida de la inmaculada inamovilidad constitucional.
El acuerdo por la Paz -firmado por los partidos pinochetistas, la Concertación y una parte sustancial de los partidos del FA-, consagra el discurso popular del cambio constitucional, pero imponiendo un marco en el que es absolutamente imposible para el pueblo lograr cambios, ni siquiera en sus más modestas aspiraciones.
El acuerdo es, a la vez, un nuevo compromiso de palabra y depende de que los partidos sostengan sus compromisos. Palabras y más palabras, que sólo les comprometen a discutir en el Congreso la convocatoria a un plebiscito en abril de 2020, para decidir entre la opción “convención constituyente” y “convención mixta constituyente”.
El plebiscito ofrece la ilusión de una participación sujeto a condiciones que disponen la derrota previa del movimiento. Cada cláusula entraña una trampa; pero la más clara y descarada es que, bajo el título de “cambio constitucional”, se propone a la sociedad chilena una Convención subordinada en el marco rector del ordenamiento jurídico vigente. Un círculo vicioso en el que la conservación constitucional está asegurada en el uso estricto de los mecanismos que la hacen jurídicamente inexpugnable. La definición de los dos tercios de quórum para esta Convención, en un cuadro de representación en el que primarán los bloques neoliberales, resulta algo especialmente ofensivo para una sociedad que se sacude de encima un régimen de representación que ha tolerado por tres décadas. Cualquiera sea el resultado del plebiscito de abril, la conformación de la Convención se regirá por el sistema electoral parlamentario por listas y se realizará sobre la misma fórmula distrital. Aunque triunfe en el plebiscito de abril la opción que supone la elección de todos los asambleístas, la Constitución dispone un sistema electoral que perjudica la elección de los candidatos no afiliados a partidos, prohíbe la inscripción de candidatos que tengan la condición de dirigentes sociales y sindicales, y trae consigo los vicios del financiamiento político con la influencia endémica del gran capital en el proceso electoral. La disposición de estos mecanismos será administrada por la misma composición actual del Congreso (dividido en burocráticas dos cámaras) que, además, será el que sancione la aprobación del acuerdo que daría curso al proceso, convoque a plebiscito (constitucionalmente no vinculante) e implemente los resultados de la Convención a través del debate parlamentario en el plazo de solamente un año. Esta fórmula reconstituirá la acostumbrada formación de los bloques parlamentarios que han hegemonizado toda la llamada “transición”.
Por tanto, el acuerdo de casi todos los partidos parlamentarios configura un escenario en el que la Constitución se restaura a sí misma. Pero, sobre todo, se hace evidente a la clase asalariada que el “acuerdo por la paz” resulta ser, en realidad, el pataleo desesperado de los capitalistas ante el ocaso del neoliberalismo.
El acuerdo implica que las reivindicaciones urgentes se desplacen del debate público y sean marginadas a las postrimerías de un supuesto proceso constituyente. Las AFP, por ejemplo, un sistema de ahorro de pensiones absolutamente repudiado, quedarían intactas.
Tal operación política para rescatar al Presidente, ha devuelto al pueblo a las calles rechazando el acuerdo, aunque ahora con una postura mucho más sólida y precisa: Fuera Piñera, Asamblea Constituyente sin el Congreso. La traición de los partidos a través de este acuerdo con la derecha –a la que se suma tardíamente el PC, ¡luego de haberla rechazado!- sólo define más claramente la distancia entre el levantamiento social y el Estado. La consigna surge nítida,
“¡Que se vayan todos! No nos representan”.
La tarea inmediata que se nos impone es movilización social, es calle y más calle. Dominar la calle requiere organizar la lucha, apropiándonos de todo el aprendizaje reunido en 30 días de revuelta social. Y en la base de nuestra lucha, las asambleas. Crear asambleas, unirlas y elevar la claridad colectiva a niveles superiores.

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