Por Catalina Albert y Claudia Urquieta Ch. CIPER CHILE.
Un 11% de los detenidos durante el estallido social son menores, según las cifras del gobierno. Entre ellos hay muchos adolescentes vulnerables que pertenecen a la red del Sename. Al menos 115 jóvenes atendidos por ese servicio han denunciado maltrato policial grave e irregularidades en sus detenciones. De esta forma, menores que están bajo tutela del Estado acusan haber sido víctimas de agentes del mismo aparato público. El 28 de octubre el Sename activó circulares en toda su red para que se registren los casos, se denuncien a la Fiscalía y al INDH, y se informe a la Defensoría de la Niñez.
Cuando Manuel* sintió el impacto en el ojo derecho, instintivamente se lo tapó con la mano. Pensó que no era grave, pero empezó a sangrar, a marearse. Todo se oscureció. Eran alrededor de las nueve de la noche del lunes 21 de octubre y hacía unos segundos había encontrado a su hermana menor en medio de una manifestación en la Plaza Belén, en Alto Hospicio (Región de Tarapacá).
La mamá de Manuel, Carolina, relata que su hijo de 16 años había ido a buscar a su hermana de 14 porque estaba preocupado. En medio de las lacrimógenas logró dar con ella, pero casi al instante recibió un perdigón en el ojo. Un grupo de personas lo llevó hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) que queda a una cuadra de la población de emergencia Las Canadelas, donde la familia vive en una mediagua desde 2014, luego de que perdieran su casa en un terremoto.
Carolina y sus tres hijos aún esperan una vivienda definitiva.
Manuel es uno de los 115 adolescentes que se atienden en la red del Servicio Nacional de Menores (Sename) que acusan haber sido víctimas de violencia policial durante el estallido social que vive Chile. En su caso, perdió la visión del ojo derecho.
¿ENEMIGO PODEROSO?
Un día antes de que Manuel fuera alcanzado por el perdigón que le disparó un carabinero, el Presidente Sebastián Piñera se dirigía al país en cadena nacional entregando su respaldo a las Fuerzas Armadas y policiales, asegurando que el país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso”.
Ese supuesto “enemigo poderoso” está integrado por un importante número de jóvenes y adolescentes, muchos de ellos vulnerables y bajo tutela del Estado, como lo demuestran las cifras de denuncias de abuso policial hechas por menores de la red Sename. Las cifras oficiales entregadas por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indican que el 11% de los 14.581 detenidos que se contabilizaban hasta el 4 de noviembre eran menores de edad. Así lo expuso el abogado enviado por La Moneda, Mijail Bonito, quien informó a la comisión que del total de detenidos, 1.627 eran menores.
No existen cifras oficiales de cuántos de esos menores arrestados han pasado o están en algún programa de la red del Sename. Lo que sí ha sido documentado por ese servicio es el número de niños, niñas y adolescentes (NNA), vinculados a su red y que hasta el 4 de noviembre habían sufrido “hechos vulneratorios” en manos de agentes del Estado (policías y militares). Suman 115 casos.
De ese total, detallan en la institución, “78 corresponden a niños, niñas y adolescentes, del área de protección”. Es decir, menores que viven en un entorno de vulnerabilidad y que reciben asistencia en programas del Sename. La mayoría lo hace de manera ambulatoria (54 casos). Esa es la situación de Manuel, que es atendido en el Programa de Intervención Especializada (PIE) que administra la Corporación Opción, un organismo colaborador del Sename.
De los jóvenes que viven en residencias, tres son de centros administrados por Sename y otros 21 son de residencias colaboradoras (16 de estos corresponden a afectados por una bomba lacrimógena que cayó en el patio de la residencia).
Otros 37 casos corresponden a menores infractores de ley (de 14 a 17 años de edad), que participan en programas del área de justicia juvenil. La mayoría, informó el Sename a CIPER, “están cumpliendo medidas cautelares o sanciones en medio libre”. A ellos se suman 27 denuncias hechas por jóvenes que ya tienen más de 18 años, pero que “se mantienen en el sistema porque están cumpliendo sanciones”.
GOLPIZA EN CARRO POLICIAL
Francisco*, un joven de 17 años de nacionalidad extranjera, es parte de un programa de libertad asistida especial para infractores de ley. Lo imparte la Corporación Opción, entidad que a partir del 18 de octubre lleva un registro de acciones directas de violencia policial contra los menores que atiende a nivel nacional. De los 24 casos que registraban hasta el 12 de noviembre, 20 están ligados a programas del Sename.
El 29 de octubre, Francisco participaba en una manifestación convocada por estudiantes en una plaza en Iquique, que fue disuelta por carabineros con un carro lanza aguas. Mientras eso ocurría, se detuvo a ayudar a una señora que se había caído, momento en el que fue detenido por efectivos de Fuerzas Especiales. Lo golpearon y lo subieron a un vehículo policial. Arriba le pegaron duramente en la espalda y el estómago, mientras le gritaban que se devolviera a su país, que lo iban a deportar. El menor vomitó sangre, pero no recibió atención médica y lo encerraron en un calabozo con adultos. Un par de horas después, se lo entregaron a su mamá. La familia prefirió no denunciar. Una decisión que se repite en muchos casos, principalmente por temor a represalias.
En la práctica, quienes realizan la denuncia generalmente son los organismos de la red Sename. El servicio informó a CIPER que todos los casos registrados “han sido denunciados al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente. Adicionalmente, se ha informado a la Defensoría de la Niñez, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Unicef”.
El 28 de octubre –cuando las movilizaciones ya sumaban diez días–, el Sename instruyó a todos los organismos de su red a activar las circulares 5 y 6. Estas últimas se utilizan para reportar vulneraciones sufridas por menores que fueron víctimas de agresiones en procesos de detención o que fueron afectados por el quebrantamiento de las normas que debe cumplir Carabineros al momento del arresto. Además, estas vulneraciones deben ser denunciadas a la Fiscalía y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), e informadas a la Defensoría de la Niñez.
Camila de la Maza, coordinadora de Seguimiento Legislativo e Incidencia de la Corporación Opción, explica que 14 de los 20 casos que han registrado en su institución, ya han sido denunciados ante la Fiscalía y prontamente se hará lo mismo con los seis restantes.
MALTRATOS: PRÁCTICA HABITUAL
Para Camila de la Maza “el maltrato que sufren los infractores adolescentes por parte de Carabineros es una táctica súper habitual. En los traslados hacia el tribunal, cuando están en una zona de tránsito por parte de gendarmería, es habitual que sean fuertemente golpeados. Lo que hemos visto ahora, es que se ha agravado ese maltrato. Por ejemplo, en el contexto del Estado de Emergencia, adolescentes que estaban en la vía pública durante el toque de queda fueron detenidos, golpeados y amenazados de fusilamiento. No es extraño para nosotros saber que los adolescentes son golpeados por personal policial”.
La abogada considera que “aquí hay una política por parte del gobierno de dar cierta discrecionalidad a las policías, darles mayores facultades y que los actos de agresión queden en total impunidad”. Esto, asegura, es lo que diversas asociaciones civiles denunciaron el lunes 11 de noviembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez señaló en la CIDH: “Tenemos, lo que es súper grave después de una declaración contundente del Comité de los Derechos del Niño, que en Chile se han violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños bajo tutela del Estado”.
La Defensora de la Niñez explicó a CIPER que “hemos recibido información del Sename que indicaba, en una primera instancia, que 79 menores -que están o han estado en programas ambulatorios o residenciales del sistema de Protección- han sido víctimas del personal policial, cuyos derechos han sido vulnerados. De ellos, 51 son de la Región Metropolitana. Luego (el jueves 7) recibimos información de otros 37. En total, son 119 casos a nivel nacional”.
La información proporcionada por Patricia Muñoz contrasta con los datos aportados por el gobierno a la CIDH. Allí, el abogado Mijail Bonito entregó la versión de las autoridades y aseguró que “hay protocolos muy estrictos con respecto al tratamiento que se le da a los menores que son detenidos en cualquier circunstancia. No tiene que ver con el Estado de Emergencia ni con la situación actual. Está la orden general 2.389 (…) que establece un manual de procedimientos policiales con niños, niñas y adolescentes, destacando principios como separación de los adultos, adopción acuciosa de procedimiento, integridad y seguridad, registro superficial y otros”.
Pero la Corporación Opción ya ha documentado casos en que fueron ignorados los protocolos descritos por Mijail Bonito. Uno de ellos es el de un joven de 17 años de la comuna de Padre Hurtado, que es usuario de un programa de protección del Sename. Durante la semana del Estado de Emergencia y después del inicio del toque de queda, iba caminando a su casa y militares le hicieron un control de identidad. Según su versión, sin provocación alguna le apuntaron con un fusil a la cabeza y le dijeron que contarían hasta tres para que corriera y, si no lo hacía, iban a fusilarlo. Corrió hasta su casa. Por miedo, no quiso denunciar.
El 24 de octubre, en Concepción, un adolescente de 16 años que es parte de un Programa de Intervención Especializada, fue brutalmente golpeado por carabineros durante una marcha convocada en el centro. Según lo que relató al equipo de la Corporación Opción, luego de que la manifestación fue disuelta por la policía, se refugió en un negocio de barrio. De allí lo sacaron a la fuerza y, por los golpes que recibió en la nuca, terminó con convulsiones. “No fue detenido. Lo dejaron ahí tirado y los vecinos llamaron a la hermana”, explica Camila de la Maza.
También hay situaciones de adolescentes que han sido formalizados. Como el de un joven de 16 años que es parte de un programa de protección de nivelación escolar, que el 20 de octubre fue detenido en Linares durante una protesta en un TAG que terminó con una garita quemada. Se le formalizó por daños simples.
El menor, que sí presentó una denuncia por lesiones ante el Ministerio Público, alega que fue fuertemente golpeado y arrastrado por policías que lo tenían tomado del pelo, lo que le provocó quemaduras por fricción.
VALPARAISO: LA MITAD DE LOS DETENIDOS SON DE LA RED SENAME
Nicole Martínez es abogada de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la Municipalidad de Valparaíso.
A partir de los primeros días del estallido social, se organizó junto a un grupo de abogadas feministas, para recorrer las comisarías y entrevistar a los detenidos. Relata las dificultades que empezaron a presentarles: “Ponían cuestionamientos a tu profesión, al punto de poner problemas para poder entrevistar a los menores. En la mayoría de los casos de niños no entregaban los nombres de los detenidos, por lo que era muy posible que las familias no los reclamaran hasta después de muchas horas”.
En el registro que recogieron entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre, detectaron “una serie de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que incluían detenciones con uso excesivo de la fuerza, desnudamientos, tocaciones e incumplimientos a la normativa, como la constatación inmediata de lesiones o que haya un espacio separado de adultos. En Valparaíso esto último se implementó desde el lunes 21 de octubre, fecha en que Carabineros destinó la VIII Comisaria para detención de menores de edad”, asegura la abogada.
Mientras iban recabando casos, Nicole Martínez pensó que sería útil cruzar datos y ver qué porcentaje de los jóvenes detenidos en la zona había participado o era parte de algún programa del Sename. La cifra fue decidora: casi la mitad, ya que de un total de 46 detenciones, 21 eran menores que han pasado o están en la red Sename.
“Muchos programas (organismos que atienden a los menores) no tenían idea de la situación que estaban atravesando estos chicos, porque no están funcionando dentro de la normalidad por el contexto”, asegura la abogada. Por esta razón, cree que es muy probable que las cifras que maneja la institución estén por debajo de la realidad.
Además, indica que no han recibido más instrucciones por parte del Sename aparte de activar las circulares 5 y 6, y denunciar al Ministerio Público: “No sabemos qué va pasar con esos chicos. No ha habido pronunciamiento ni siquiera de parte de los funcionarios. El Sename de alguna u otra forma se ha dedicado por mucho tiempo a cuestionar la crianza, la vida de muchas familias, pero cuando se trata de violencia por parte del Estado, de una violencia institucional, ha guardado silencio”.
La abogada explica que gran parte de los adolescentes imputados lo están por el delito de robo en lugar no habitado, “a pesar de que la mayoría de la gente señala que solo eran espectadores. Además, ha habido varias detenciones irregulares”.
El trabajo realizado se incorporó en un Informe de Derechos Humanos elaborado por la Municipalidad de Valparaíso y organizaciones de la sociedad civil, que fue entregado a la ONU y que detalla violaciones a los Derechos Humanos durante este período.
Ese documento registra lesiones que van “desde desnudamientos, básicamente en niñas adolescentes (sin descartar que esto se haya presentado también en niños); golpes, rotura de dientes; amenazas (algunas de ellas orientadas al uso de electro shock)”.
El informe agrega: “Falta de cumplimiento de la normativa que resguarda a los NNA en casos de detenciones, impidiendo el contacto telefónico con sus familiares, la mayoría de las veces sin acceso a agua y a baño durante su detención, sin constataciones de lesiones inmediatas, sino que realizadas luego de varias horas después y en presencia de personal policial, sin poder entrevistarse con un abogado de manera privada, sino por el contrario”. De hecho, constata el escrito, las entrevistas realizadas por la abogada eran grabadas.
También se refiere a una detención ilegal de una madre y su hija adolescente. Así como el relato de “un adolescente baleado en su globo ocular, además de dos balines en brazo derecho y costado izquierdo de su rostro”. Este último caso engrosa las alarmantes cifras de lesiones oculares que tienen en jaque al gobierno. Y se suma al del adolescente Manuel, de Alto Hospicio, quien fue trasladado a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, en Santiago.
Allí, relata su madre, están viendo la posibilidad de que le implanten un ojo ortopédico, “porque los doctores me dijeron que, si no lo hacen, se le va a caer el párpado”. Pero no sabe si lo harán, porque Manuel está muy mal psicológicamente y cuando le ha preguntado solo le responde: “Mamá, yo quiero mi ojito”.
*Los nombres fueron cambiados
