Justicia argentina ordena condiciones dignas para personas en cuarentena

Texto Dante Reyes Marín

El Juzgado Federal de Formosa ordenó al gobierno provincial brindar condiciones dignas de alojamiento a las personas que se encuentran varadas en ese territorio y en cuarentena por el coronavirus, y que incluyan habitaciones individuales y baños privados, así como alimentos y elementos de higiene personal.
Lo resolvió así el juez Fernando Carbajal en el marco de un habeas corpus interpuesto en favor de personas alojadas en precarias condiciones al interior de un recinto policial y a efectos de cumplir con la cuarentena por la pandemia que afecta al mundo.
Según señaló la sentencia, en la inicial audiencia celebrada se sometieron a discusión dos cuestiones: 1) la legalidad de las medidas de confinamiento dispuestas por la Provincia de Formosa en el marco de la Pandemia COVID 19 y 2) las condiciones edilicias y de salubridad e higiene en que se están cumpliendo dichas medidas en las instalaciones previstas para esos fines, en particular el centro de alojamiento de la Escuela de Cadetes que fuera objeto de los pedidos de habeas corpus.
El magistrado respecto a la primera de esas cuestiones consideró que “estas medidas constituyen indudablemente, medidas restrictivas de la libertad personal, no debiendo recurrirse a ningún tipo de sofisma o artilugio retorico que encubra esa afectación del derecho individual”.
Sin embargo, puntualizó “que dicha restricción esté justificada por el interés general, y encuentre justificación legal y constitucional en la circunstancia absolutamente extraordinaria de la crisis sanitaria derivada de una pandemia mundial, no puede hacernos perder de vista que estamos limitando la libertad de los ciudadanos en aras del interés general, y tal cuestión adquiere relevancia cuando analicemos el siguiente punto”.
“Conforme señaláramos la medida adoptada se trata de una severa restricción del estado de libertad que es propio de los ciudadanos en un estado de Derecho, que solo puede admitirse con carácter absolutamente extraordinario y como consecuencia de la situación de excepción derivada de la pandemia mundial. Pero el carácter tan excepcional obliga al Estado a asegurar a las personas que se hallan en tal situación el respeto a su dignidad y bienestar en condiciones de dignidad que son propias de todo ser humanos y no inferiores a las que gozan habitualmente”.
“Ha de ponderarse especialmente que este confinamiento obligatorio, con la limitación de derecho que conlleva, implica una limitación y cercenamiento a los derechos individuales en beneficio del interés general. Por ello debe ser la sociedad la que realice el esfuerzo de dotar a estos ciudadanos de condiciones de vida saludables”, remarcó el juez.
Y recordó el apartado f de la parte resolutiva de la Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece que “Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada”.
Agregó la sentencia de la justicia federal que del resultado de la inspección realizada en la Escuela de Cadetes de la Policía resulta evidente la existencia de dos graves inconvenientes en el modo de cumplimiento de la medida decretada. Conforme se ha acreditado, en numerosas habitaciones, aun cuando no en todas, conviven hasta 8 personas, con el agravante que no se trata de grupos familiares, sino grupos organizados por orden de llegada y conforme la disponibilidad de espacio.
“Esta sola circunstancia resulta grave por lo menos desde dos perspectivas. Desde el punto de la vista de la dignidad humana porque hacer convivir en un espacio físico reducido, compartiendo baños también escasos y con reducido nivel de privacidad, a personas que no se conocen ni se hallan conectados por vínculos familiares o de amistad, constituye una injustificada violación del derecho a la intimidad que se halla tutelado por el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica y emana de la Constitución Nacional (artículo 19) y que constituye un obligación expresamente contemplada como derecho por el artículo 21 del Decreto Ley 260/2020 que ha asegurado “el derecho a un trato digno”.- Pero además la decisión de juntar tantas personas en un ámbito reducido resulta absolutamente contradictorio con la finalidad de aislamiento que fundamente la medida dispuesta”.
Por ello, también se requirió la opinión del médico epidemiólogo Romero Bruno quien estableció que el criterio epidemiológico adecuado para este tipo de situaciones es el alojamiento individual aun cuando puede aceptarse dos personas. Por ello, la decisión de alojar ocho personas juntas carece de toda base de razonabilidad desde la perspectiva epidemiológica. Si a ello le adicionamos que en dichas habitaciones, en algunos casos, se hallan personas de diferentes lugares de origen por lo cual el riesgo de trasmisión interno se potencia. No puede soslayarse de esta consideración que la medida halla justificación en que estas personas provienen de “zonas de riesgo” (entendiendo por tales a todo el resto del territorio nacional) por lo cual las medidas que deben adoptarse deben ser estrictas.- Igualmente contradictorio con la finalidad epidemiológica de esta medida es la circunstancia de haber reunión en un solo lugar cientos de personas a las cuales se considera potencialmente riesgosa como portadoras potenciales del virus.
Por lo antes expuesto, el juez Fernando Carbajal resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de habeas corpus en cuanto a las condiciones en que se cumple el aislamiento obligatorio, ordenando al Consejo de Atención integral de la Emergencia Covid-10 de la Provincia de Formosa que a la mayor brevedad posible, en el plazo máximo de 48 horas, dé cumplimiento a las siguientes medidas correctivas: a) Los lugares de alojamiento deberán ser habitaciones individuales o dobles, pudiendo ampliarse a más personas si las mismas tienen vínculos familiares o de amistad y lo aceptaran expresamente, y no existan razones epidemiológicas que lo desaconsejen.- b) Asegurar la intimidad de las personas, solo pudiendo compartir habitaciones quienes sean integrantes del grupo familiar o sin serlo, así lo soliciten expresamente; c) Asegurar baños privados para cada grupo familiar o grupo que acepte compartir una habitación; d) Asegurar la provisión y cambios de ropas de cama y toallas, considerando que hay personas que no cuentan con familiares que los asistan; e) Asegurar que las habitaciones se encuentren, cuanto menos, mínimamente acondicionadas para soportar las temperaturas acordes al clima; f) Asegurar la provisión de alimentos e insumos de limpieza y descartables, y espacios físicos disponibles a esos efectos; g) Asegurar los medios para la higiene personal y del ámbito de vida, la cual podrá estar a cargo de las personas alojadas; h) Asegurar el acceso a medios de comunicación social y de entretenimiento (internet, libros y televisión); i) Proveer de agua potable, fría y caliente, en las cantidades y veces que sean necesarias o requeridas; j) Asistencia médica, farmacología y psicológica adecuada k) Asignar personal especializado de otras áreas del Estado, no pertenecientes a la institución policial, para que actúen como mediadores entre las personas y las autoridades para gestionar los conflictos”.
La decisión del juez federal constituye un valioso ejemplo para otros territorios, tanto dentro de la República Argentina como en el exterior, y donde las personas varadas y sometidas a cuarentena, nacionales de esos países o inmigrantes, se ven sometidas a condiciones de hacinamiento e indignidad vergonzantes.

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