‘Éste sí, éste no’: ¿Por qué rechazar un informe sobre violaciones a los DD.HH. y valorar otro?

El informe de Human Rights Watch, a diferencia del de Amnistía Internacional, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para expertos, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones.

Tomás González F.  Martes 26 de noviembre 2019 19:40 hrs.  Radio U de Chile.

Este martes, la ONG Human Rights Watch publicó un contundente informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes; y también recomendaciones orientadas a prevenir abusos de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Antes de darlo a conocer a través de la prensa, el director ejecutivo para América Latina de la ONG, José Miguel Vivanco, se reunió con el Presidente Sebastián Piñera para entregarle personalmente el documento, a diferencia de lo sucedido con la ONG Amnistía Internacional, que en su misión en el país no fue recibida por el Gobierno.

Pero después fue la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, la misma que rechazó categóricamente el informe de Amnistía, quien, nuevamente, debió referirse a los graves atropellos evidenciados, ahora, por la ONG norteamericana. Sin embargo, esta vez su postura fue diferente, su temple distinto y así también sus palabras.

El Gobierno valoró el documento emanado de la entidad que ellos mismos invitaron, destacando la diferencia con las conclusiones entregadas por Amnistía Internacional, que apuntó a una intención de dañar a manifestantes para desmovilizar la protesta social.

“Human Rights Watch ha desestimado la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes. Queremos ser muy claros en esto, nuestra política ha sido siempre el resguardo de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la integridad física de nuestros compatriotas, junto a la mantención del orden público, como componentes fundamentales de nuestra democracia”, aseguró la subsecretaria de Derechos Humanos.

Y es que el informe de HRW, en cierta manera, va en la misma línea del que ha sido el discurso del Gobierno desde el día en que estalló el movimiento social y su postura frente a las violaciones de los derechos humanos. Es decir, desligarse de su responsabilidad respecto de los atropellos, señalar que no habrá impunidad, que los antecedentes se pondrán en manos de tribunales y que serán éstos los que determinarán responsabilidades. Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional estableció lo contrario, que “en Chile hay una política de violación de los derechos humanos con la intención de dañar a los manifestantes y neutralizar la protesta social”.

Human Rights Watch, a diferencia de Amnistía, no otorga responsabilidades políticas ni penales a las autoridades a cargo, sino que apela a la Justicia para hacer un llamado a la no impunidad. Es esta diferencia entre ambos informes la que, para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, marca el trato diferenciado que el Gobierno le ha dado a ambas organizaciones y, por supuesto, a sus conclusiones.

“Por supuesto que esto es lo que finalmente uno podría especular que lleva al Presidente de la República a darle un tratamiento desigual a ambas organizaciones de derechos humanos que tienen la misma o similar composición. Y entonces volvemos sobre el punto inicial, que lo que está intentando el Estado, aparentemente, es validar aquellar posiciones que finalmente blinden al Presidente de la República sobre su eventual responsabilidad política“, afirmó la académica en conversación con este medio.

Una conclusión similar fue la que manifestó el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile sostuvo que Human Rights Watch es “el regalón de los gobiernos de derecha de la región”. En ese sentido, Margotta sostuvo que, debido a que no se otorgan responsabilidades a las autoridades de gobierno, se hace obvia la razón por la cual el Ejecutivo valora este informe.

“Libera de toda responsabilidad a quienes son los responsables, que han permitido en su condición de autoridad esta verdadera política de violaciones a los derechos humanos. Entonces es por eso que claro, se valora. Porque al final de cuentas hay un corte entre las autoridades y los autores materiales”, señaló el dirigente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

“El informe de Human Rights Watch lo que hace es encapsular la responsabilidad en los autores materiales, de manera que esa es, sin lugar a dudas, una explicación obvia de por qué hay una valoración de este informe“, agregó Margotta.

Y es que Human Rights Watch no siempre se llamó así. Nació bajo el nombre de ‘Helsinki Watch’ en Washington D.C., en 1978, tres años después de la firma de la Declaración de Helsinki, un acuerdo no vinculante en que 35 países comprometían, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos. ‘Helsinki Watch’ se conformó en Estados Unidos para vigilar que los países pertenecientes a la Unión Soviética cumplieran los compromisos del acuerdo, pero a medida que el conflicto entre las dos súper-potencias se fue acrecentando, en los ‘80 decidieron crear la división Americas Watch, para luego expandirse a todo el mundo y finalmente, en 1988, evolucionar a su nombre actual.

Con su sede en Nueva York, Estados Unidos, y con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington, hoy Human Rights Watch es una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más grandes del mundo.

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