Chile se niega a primer tratado ambiental de Latinoamérica

Dante Reyes Marín…

El gobierno de Sebastián Piñera manifestó su negativa a integrar a Chile en el primer tratado ambiental de Latinoamérica, conocido como Acuerdo de Escazú, y con el argumento de una posible pérdida de soberanía.

Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que ya han firmado 21 países de América Latina y el Caribe, y entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El primer artículo señala que “El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Y el artículo 4° agrega que “Cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo”. También, que “Cada Parte adoptará todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del presente Acuerdo”.

Y en parte del artículo 5° se añade que “Cada Parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones”.

Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, señaló que “el acuerdo expone al país a la contingencia de demandas internacionales por razones ambientales, lo que desde nuestro punto de vista, particularmente considerando los términos de este tratado implica una afectación grave en materia de soberanía en materias que son fundamentales para el desarrollo”.

“De aprobarse Escazú, Chile puede ser arrastrado a tribunales internacionales y, por ende, verse afectada su soberanía por supuestos incumplimientos de obligaciones ambientales muy imprecisas”, insistió el Canciller.

Desde la dictadura de Augusto Pinochet, Chile ha visto acrecentarse su industria forestal caracterizada por el reemplazo de las especies nativas por plantaciones de pino. Sólo basta ir al sur para ver a miles de camiones transportando troncos de esta industria netamente extractivista.

También, el cultivo de la palta y la industria salmonera hacen estragos en diversos ecosistemas mientras que la minería hace lo suyo con sus grandes requerimientos y contaminación. Todo ello, convirtiendo a Chile en un desierto.

En consecuencia, para La Moneda, gobierno de los empresarios, el sometimiento de Chile a un acuerdo internacional relativo al acceso y la participación pública en las materias ambientales resulta francamente insoportable por lo que actúa en consecuencia y lo rechaza.

 

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