En Ecuador la policía del gobierno derechista detiene a militantes guevaristas y a través de un montaje los acusa de «guerrilleros»

Los seis miembros varones del Movimiento Guevarista, que fueron detenidos el pasado 19 de mayo, fueron trasladados al Centro de Detención Provisional El Inca, en el norte de Quito; mientras que las dos mujeres fueron enviadas a la cárcel de Latacunga, según contaron familiares a la prensa.

Siguiendo los pasos de los típicos montajes judiciales, la Fiscalía los acusa por el presunto delito de «trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. Asegura que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y la Amazonía para captar personas, de forma irregular, y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana con las disidencias guerrilleras». De esta burda acusación a luego generar «falsos positivos», al estilo colombiano, hay un paso.

Una jueza dictó prisión preventiva contra los ocho después de haber sido aprehendidos en sus domicilios en Imbabura, Pichincha y El Oro.

 

El día de los allanamientos

Los familiares acudieron hasta la Unidad de Flagrancia, en la Av. 9 de Octubre, para conocer más detalles de los cargos que imputaban a los guevaristas. Natalia Sierra, socióloga y tía de Ernesto F., el líder y vocero del movimiento, contó que hacia las 15:00 pudieron ingresar los abogados. Ernesto F. fue detenido en su casa, en el centro de la ciudad, después de rompieran la puerta de su domicilio, denunció Sierra.

Ernesto F. es psicólogo por la Universidad Central del Ecuador y profesor universitario.  Tiene una maestría de Estudios Culturales por la Universidad Andina y cursa un doctorado en la Universidad del Rosario de Colombia. Es autor de siete libros y de varios artículos académicos. En 2021 recibió el premio Enrique Garcés por su trabajo llamado “Psicología popular de la esquizofrenia” y el premio Joaquín Gallegos Lara por su cuento ‘Las Guarichas’.

Gabriela G., otra de las involucradas, fue detenida el jueves, 19 de mayo, a las 06:00. Los agentes ingresaron a los tres departamentos de la propiedad de su padre, pese a que él les indicó donde estaba su hija. Incluso entraron a la habitación donde estaba su hijo de 11 años, denunció su hermana Claudia. El padre no pudo observar la requisa de las pertenencias de Gabriela G. “Es un derecho que el propietario de la casa pueda ser testigo del allanamiento. Nunca más lo dejaron entrar”, dijo la familiar.

Los familiares de los detenidos cuentan que los abogados pudieron ingresar hacia las 15:00 del jueves. La audiencia de formulación de cargos inició a la 01:30 del viernes 20 de mayo y duró hasta las 04:00.

Gabriela G., de 38 años, es parte del Movimiento Guevarista desde que estaba en la universidad. Estudió sociología, donde conoció a su pareja (quien también está detenido). Ha trabajado en instituciones públicas y como consultora. Su hermana dice que sus temas de investigación han sido la protección especial de población vulnerable como niñas, niños y adolescentes.

Los familiares de los detenidos cuentan que los abogados pudieron ingresar hacia las 15:00 del jueves. La audiencia de formulación de cargos inició a la 01:30 del viernes 20 de mayo y duró hasta las 04:00.

“Nos dijeron que iba a ingresar un familiar por cada detenido. Pero luego no permitieron ingresar a las familias, por el Covid. Eso nos llamó la atención porque el COE nacional y cantonal ya levantaron las limitaciones del aforo”, dijo Claudia, hermana de Gabriela G. La jueza de la Unidad de Flagrancias hizo la audiencia a través de zoom.

Después de la audiencia, Gabriela G. no había vuelto a tener contacto con su abogado hasta la mañana de este miércoles, 25 de mayo, quien fue trasladada a la cárcel de Latacunga hacia el mediodía de este miércoles. Patricio Almeida, quien defiende a cinco de los procesados, pudo visitar a los detenidos en El Inca.

Los familiares han acudido por casi una semana a la Unidad de Flagrancia, en la Av. 9 de Octubre, para ver a sus detenidos. Mariana Sandoval, madre de Gabriela G.; María Ortega, madre de Nelly Y.; e Ixmenia Tipánuna, otra allegada de Nelly Y. apoyaron a sus hijas con carteles. Foto: Luis Argüello. PlanV

Aunque han pasado siete días desde su detención, no han logrado tener una copia del expediente. Almeida logró revisarlo momentos antes de la audiencia del pasado viernes. Hasta ahora tampoco las defensas han sido notificadas por escrito con la providencia de la audiencia y eso los ha dejado en indefensión. El abogado dijo que, pese a ello, ya apelaron la prisión preventiva y están a la espera de una respuesta.

Inredh, mediante un comunicado, recordó que “todas las personas tienen derecho, en caso de haber cometido un acto al margen de la ley, a que se instaure un debido proceso”. Ernesto F. trabajó en esa organización de derechos humanos dando servicios de psicología y exhortaron al gobierno y al sistema judicial “para que esta situación no sea utilizada para iniciar una cacería de brujas en contra de los movimientos sociales o para justificar la represión a colectivos que optan por la protesta social pacífica”.

Uno de los abogados de los detenidos explica que la ideología del movimiento es el marxismo y leninismo, que busca una alternativa al capitalismo. Por eso su enfoque está en los sectores populares y considera que existe una persecución política contra Ernesto F., el más visible del Movimiento, que ha participado en marchas. “Es un movimiento político que no tiene un solo acto delincuencial en el país ni acto armado. Ha salido a las manifestaciones como lo hizo la Conaie, el FUT, los maestros”, dice Almeida.

 

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